El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional parte de la Ley 31796 mediante la sentencia del Expediente 00012-2023-PI/TC, emitida el 15 de octubre de 2024. La ley establecía una asignación económica mensual equivalente a una remuneración mínima vital (RMV) para soldados, grumetes y aviadores en servicio militar acuartelado.

El fallo del TC señala que la norma vulneró principios como la prohibición de iniciativas de gasto y el equilibrio financiero previstos en los artículos 77 y 78 de la Constitución. Además, el tribunal consideró que la regulación de estos aspectos es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo y no del Congreso. El TC exhortó al Ejecutivo y al Legislativo a adoptar medidas que incrementen los montos asignados al personal del servicio militar de manera técnica, legal y presupuestal.