El gobierno de Dina Boluarte enfrenta críticas por promover la aplicación de la pena de muerte en el Perú mientras, en la ONU, votó a favor de su suspensión. Esta contradicción genera cuestionamientos sobre la verdadera intención de esta medida, que ha sido señalada como una posible «cortina de humo» para desviar la atención de investigaciones que podrían comprometer a personas cercanas al entorno de la presidenta.

Posición del Ejecutivo

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) creó una comisión sectorial para evaluar la inclusión de la pena de muerte en el Código Penal, específicamente en casos de violación sexual de menores de edad, como lo permite el artículo 140 de la Constitución peruana.

Voto en la ONU

En la última asamblea de la ONU, el Perú, representado por el diplomático Enrique Román Morey, votó a favor de suspender la pena capital. Esta postura contrasta con el impulso dado por el Ejecutivo a nivel interno.

Debate nacional

El gobierno anunció debates descentralizados en diferentes regiones del país, con la participación de la sociedad civil e instituciones estatales, para discutir la viabilidad de esta medida.