La aprobación de la Ley N° 32181 ha generado controversia en el Congreso peruano. La legisladora Ruth Luque rechazó la norma por considerar que representa un retroceso en la seguridad ciudadana y fomenta la impunidad y la proliferación del crimen organizado.

Peligros y consecuencias de la ley

Según Luque, la legislación pone en riesgo los avances contra el crimen organizado al beneficiar a personas involucradas en actividades delictivas. Además, explicó que esta ley obstaculiza el trabajo de fiscales y jueces, impidiendo acciones efectivas en casos de no flagrancia.

“Las consecuencias de esta ley podrían ser perjudiciales para la ciudadanía al generar un clima de inseguridad,” señaló la legisladora.

Propuesta de derogación

En respuesta, Luque presentó un proyecto de ley para derogar la norma y restaurar su versión original que permitía una mayor actuación de las autoridades judiciales. Advirtió que, de mantenerse, muchos delitos quedarían impunes y los delincuentes aprovecharían para fugarse.