En una operación que ha generado controversia, la casa de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, así como el Palacio de Gobierno, fueron allanados por el Ministerio Público. La investigación está relacionada con presunto enriquecimiento ilícito y la falta de declaración de propiedad de relojes Rolex de lujo.

Según fuentes oficiales, la pesquisa se inició tras un informe del programa local La Encerrona, que mostraba imágenes de Boluarte luciendo relojes de alta gama en eventos públicos. La Fiscalía confirmó que se investiga a la presidenta por el «uso de relojes de la marca Rolex».

La Contraloría también está evaluando las declaraciones de ingresos, bienes y rentas de Boluarte. La mandataria, por su parte, ha calificado el allanamiento como «desproporcionado y abusivo».

Este no es el único frente legal para Boluarte. Ya está siendo investigada por presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” relacionados con las manifestaciones ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023, en las que murieron más de 50 ciudadanos.

Además, enfrenta un nuevo pedido de vacancia (destitución) por “incapacidad moral”. La bancada parlamentaria de Perú Libre presentó la solicitud, aunque la presidenta cuenta con el respaldo de varias fuerzas en el Congreso.

El futuro político de Boluarte está en juego, y la atención mediática se centra en su respuesta a estas acusaciones. ¿Podrá mantenerse en el cargo o enfrentará consecuencias legales? El país observa con expectación.