Foto: Despedidos DEL PERÚ

El reciente proyecto de ley N° 6303/2023-CR, ingresado al Congreso, propone una nueva ley sobre la problemática de los ceses colectivos irregulares de 1990 al 2000, implementados por el régimen fujimorista.

Esto fue un perjuicio para cientos de miles de trabajadores estatales, los cuáles tras varias décadas aún esperan que se ejecuten los beneficios que ganaron tras salir en alguno de los seis listados de beneficiarios inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente (RNTCI).

Estos beneficios son reincorporación o reconversión laboral, jubilación adelantada y compensación económica.

El artículo 16 de la Ley 27803, así como su reglamento: D.S. N° 071-2003-TR, precisaban que el monto de la compensación económica era equivalente a dos remuneraciones mínimas vitales (RMV) vigentes a la fecha de publicación de la ley, el que se multiplicaría por cada año de trabajo acreditado hasta un máximo de 15 años.

Sin embargo, dicha compensación no comprendería los años no laborados.

Es así que con la actualización que se reclama hoy, en base a la vigente RMV de S/1,025, el tope máximo a cobrar (hasta con quince años de labor ejercida al momento del cese) sería ascendente a S/30,750.


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